Mientras los contribuyentes claman por postergaciones y reducciones en los pagos de impuestos, la conducción económica continúa analizando medidas para aligerar la carga impositiva sobre los contribuyentes producto de la cuarentena.
Si bien a nivel oficial mantienen hermetismo sobre nuevos anuncios, esta problemática es continuamente analizada por la mesa chica económica que conforman, Cecilia Todesca, vicejefe de gabinete, los ministros de Producción, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán y Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. Según trascendidos, la intención sería prorrogar pagos de impuestos y otorgar plazos para la cancelación de los tributos acordes con la emergencia. Sin embargo, el tema es discusión, comentan en los pasillos de Casa Rosada, ya que también existe preocupación por la pérdida de ingresos tributarios. El paquete de medidas ya anunciadas incrementa el déficit del Tesoro en 2 puntos del PBI. Y, el problema, es que no creen que con esto alcance.
Problema complejo
El principal problema que enfrentan las pymes en el corto plazo es la falta de fondos para hacer frente a los sueldos, según la evaluación oficial. Sin embargo, voceros del sector sostienen que los salarios son sólo una parte del problema.
“Qué sentido tiene endeudarnos para pagar los sueldos este mes si no sabemos si el próximo quebramos, el Estado tiene que hacer más y condonar impuestos”, señaló a Ámbito el dueño de una empresa mediana dedicada a proveer insumos industriales. También hay un reclamo muy fuerte respecto al pago de impuestos provinciales y municipales.
En las últimas horas, la conducción económica lanzó medidas en el terreno tributario, confirmando lo anticipado por Ámbito. Este sábado se conoció que el Gobierno dispuso ampliar hasta el 30 de junio el plazo para que los contribuyentes adhieran a la moratoria dictada en el marco de la Ley de Emergencia, una medida que venía siendo reclamada por el sector pyme y los profesionales en ciencias económicas.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia (316/2020), se extendió por dos meses el plazo límite original para inscribirse en la moratoria que vencía el próximo 30 de abril como así también la suspensión de embargos.
Por su parte, la AFIP dispuso el viernes pasado que ningún monotributista será dado de baja de oficio del régimen por falta de pago de sus obligaciones durante marzo. Esta resolución beneficia a más de 3.600.000 contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Con anterioridad se había decidido que los sectores más afectados por la crisis (salud) tendrán una reducción de 95% en las contribuciones patronales por 90 días. También las restantes empresas que no pueden hacer teletrabajo no deben pagar los aportes jubilatorios – sí el aporte a la obra social además de, obvio, los salarios-. Asimismo, se suspendieron las medidas cautelares hasta el 30 de abril de 2020, entre otras resoluciones.
Sin embargo, distintas entidades representativas de los profesionales y de las pymes vienen reclamando medidas de alivio más importantes en el terreno impositivo. Consideran que hasta el momento lo que se ha hecho para beneficiar a estos sectores “no es mucho”.