Este jueves por la mañana se dio el paso final: la jueza de Garantías N° 6, Elisa Zilli, dictó el sobreseimiento para los dirigentes Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel (delegado de FAA), Atilio De Angeli, Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA) y Guillermo Bowes (oriundo de San Gustavo, en el departamento la Paz).
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Los dirigentes agropecuarios fueron imputados por el supuesto delito de lesiones graves e incitación a la violencia colectiva a raíz de la protesta violenta de septiembre de 2015, cuando los productores se movilizaron con tractores a la Casa de Gobierno en reclamo de medidas de salvatajes para el campo. Entonces gobernaba Sergio Urribarri.
Aquella vez los productores arrojaron huesos de vacuno, entre otras cosas, a los uniformados que se apostaron en la puerta de la Casa Gris. 10 uniformados resultaron con heridas de diferente consideración y por ello demandaron a las caras visibles del reclamo: los dirigentes.
Lo cierto es que el caso nunca llegó a juicio oral, puesto que las partes negociaron una reparación económica por las lesiones. La mayoría de los policías acordó en mediación penal el pago de un total de$ 400 mil. Entre quienes acordaron se encuentra Gustavo Maslein, actual Jefe de Policía de la provincia y que al momento de los hechos era director de Operaciones y Seguridad de la fuerza.
De esos 10, sólo uno no firmó el acuerdo: Walter Velázquez, que fue el que más daños sufrió. El policía recibió entonces un fuerte impacto en la cabeza que le provocó lesiones irreversibles que terminaron con su carrera policial.
El 10 de abril de 2019 el juez de Garantías Mauricio Mayer dictó el sobreseimiento de los dirigentes, a raíz de ese acuerdo firmado por la mayoría de los denunciantes. Sin embargo, el trámite fue revocado ya que el policía Velázquez continuó con la demanda.
Luego de varias conversaciones con los defensores, el uniformado firmó un acuerdo con el productor Bowes, y la Federación Agraria Argentina (FAA). El mismo se concretó el 29 de octubre de 2019, ante la jueza Civil y Comercial N° 3 Norma Ceballos. En la conciliación se acordó que el productor que lo agredió pague una suma de alrededor de $650 mil por daños y perjuicios.
Así se llegó hasta la jornada de este jueves, cuando un nuevo juez debió dar por cerrado el caso. La audiencia estaba prevista que sea presidida por el juez Mayer, pero se excusó ya que había intervenido en abril de 2019. De modo que la audiencia quedó a cargo de la jueza Elisa Zilli, quien dictó el sobreseimiento tras escuchar al fiscal Santiago Brugo y al abogado de los ruralistas, Julio Federik. ———————————– /Dolog/soddoel/s0291h/payph-lodiya-s0291d-ya1-6-57631538178042-0.lnp?gSwdiht?�I?Sepxritaoi_nadet?