Jefes comunales del Deprtamento Uruguay se interesaron por la aplicación del protocolo que instrumenta el municipio de Colonia Elía.
El intendente de Colonia Elía, Gabriel Barbará, junto al titular del Juzgado Regional de Faltas, Guillermo Grandi y su equipo de trabajo, recibieron a los Presidentes Municipales de San Justo, Fernando Viganoni; de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval; de Santa Anita, Juan Amavet; y de Villa Mantero, Hernán Niz; quiénes se mostraron interesados en desarrollar un protocolo de control en la aplicación de agrotóxicos en sus jurisdicciones, similar al que desarrolló Colonia Elía, desde el Juzgado de Faltas.
Los intendentes del Departamento Uruguay coincidieron en la necesidad e importancia de avanzar en la puesta en común de un trabajo coordinado que permita economizar recursos para abordar un tema prioritario como el cuidado de la salud pública, previendo el ordenamiento de la aplicación de los agrotóxicos, publicó el diario El Argentino.
En rigor, este protocolo se diseñó en la gestión anterior del intendente Ramón Barrera y en la actual de Barbará se le da continuidad.
La iniciativa fue diseñada por el juez de Faltas, Guillermo Grandi; quien además es especialista en Derecho Ambiental (UBA), y titular por concurso de Derecho Ambiental en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER: y da respuesta como sistema de fiscalización electrónico, en el marco del Decreto 2239/19 emitido por el gobierno de Entre Ríos.
En esa oportunidad, se firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco de la Licenciatura en Salud Ambiental, para investigación en el territorio.
Para desarrollar el protocolo, la Municipalidad de Colonia Elía adquirió una central meteorológica, un GPS, un rastreador satelital y destinó un móvil municipal. En total la inversión real (sin el móvil) asciende a casi 80 mil pesos, lo que implica una cifra exigua frente a un servicio que está llamado a marcar una diferencia en materia de defensa de la calidad de vida.
Respecto a los actores intervinientes, se propone un equipo de Protección Ambiental, que intervenga el Juzgado de Faltas en la autorización de las aplicaciones, la Policía de Entre Ríos, los Bomberos, los Centros de Salud y la Universidad.
Sobre la operatividad, se proponen sistemas de alertas con distintos niveles, incluyendo la comunicación con la que se puede alertar las posibles infracciones, con sus respectivos protocolos de actuación territorial.
Al respecto, el entonces intendente Barrera explicó que contar con un protocolo, “significa tener el control desde el Municipio -en este caso- de los actores que son seguridad urbana, donde se le da al aplicador las pautas para las zonas donde va a aplicar y, a su vez, también tener en funcionamiento una central meteorológica que indica la densidad de la humedad, el viento y cuestiones que son importantes para saber si se autoriza o no al aplicador en ese día para que efectúe su trabajo”.