El nuevo presidente Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino (foto), encontró documentos que revelan la firma de escrituras el 9 de diciembre a las 19 horas.
En la AABE estudian si las medidas de Mauricio Macri no están alcanzadas por la ley de responsabilidad fiscal, la número 25.917, que prohíbe taxativamente comprometes presupuestos y cesión de bienes a la gestión siguiente seis meses ante de la finalización de mandato. La duda es si el DNU de Macri habilita o no esa posibilidad.
El recientemente asumido presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino Moreto, denunció que la gestión de Mauricio Macri cedió inmuebles de la Nación por $15.800 millones horas antes de dejar el gobierno.
En diálogo con Radio 10, Cosentino reveló que el 28 de octubre último Macri firmó un decreto para transferir bienes a las apuradas. “Llamativamente encontramos una enrome discrecionalidad, con una cantidad enorme de inmuebles cedidos a la ciudad de Buenos Aires. Esto comenzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia, al otro día de la derrota electoral”, señaló el subsecretario de Relaciones Institucionales del ex gobernador Daniel Scioli.
Según detalló el funcionario, ese DNU autoriza a la AABE la entrega de bienes en compensación de deuda, que tenga la Nación con la Ciudad, que son bienes de todos los argentinos. “En los últimos tres meses del año pasado hubo una cesión de $15.800 millones. Es claramente una inclinación a beneficiar a la Ciudad”, dijo Costentino.
“Lo más llamativo es que se hizo a las apuradas, muy rápidamente, con escrituras dadas el 21 de noviembre y algunos actos administrativos el mismo 9 de diciembre, que tiene que ver con concesiones, y con una notoria voluntad de hacer rápido una transferencia de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.
Para Cosentino, “no había ninguna urgencia” para tomar esas decisiones, con una “enorme” voluntad de cancelar las deudas con inmuebles. “Desde el DNU hasta el 9 de diciembre se dieron bienes por $15.800 entre pesos y dólares. Estamos analizando lo estrictamente legal, desde la legitimidad y desde el valor de la lógica institucional de gobierno, no tiene ninguna racionalidad”, consideró el funcionario.