El tribunal, integrado por Darío Crespo (presidente), Javier Cadenas y Alejandra Gómez, dictó la sentencia el 5 de julio pasado, se recordó desde el Poder Judicial de la provincia. Sobre la religiosa no pesan medidas restrictivas de la libertad y la única obligación que tiene es la de notificar al Tribunal en caso de que cambie su domicilio. Toledo deberá cumplir su condena en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná “Concepción Arenal”, una vez que la sentencia quede firme.
La monja dirigió durante diez años el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, y la causa se originó el 25 de agosto de 2016, tras la acusación en su contra realizada por ex carmelitas. El fiscal Federico Uriburu ordenó entonces un allanamiento, durante el cual secuestró diversos elementos relacionados con las denuncias formuladas por las monjas de clausura. Al mes siguiente Toledo fue imputada tras el análisis de “todas las pruebas y declaraciones tomadas”, entre ellas las de José Bonín, párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.