A seis meses del incendio en el que murieron seis internos de la Unidad Penal de Victoria, ocurrido el 7 de junio pasado, el fiscal Eduardo Guaita tiene todas las pruebas en su legajo.
Próximamente pedirá que la causa sea remitida a juicio. Los tres jóvenes imputados por quemar vivas a las víctimas dentro de una celda podrían terminar con prisión perpetua. La prueba contundente que no dejó margen de dudas fue un video de la cámara de vigilancia del pabellón Nº 3. En los 120 segundos que quedaron registrados se observa la emboscada perpetrada por Kevin Paniagua, de 20 años, Ramón Ismael Framulari, conocido como Bebe, de 19, y Maximiliano Exequiel Chamorro, alias Coyi, de 20. Los tres presos salieron de su celda, quemaron un colchón, lo metieron en la celda N° 2 y trabaron la puerta por afuera, hasta que llegaron los carceleros y comenzaron intentar rescatarlos. El saldo fue de cinco personas muertas entre esos instantes y las horas posteriores, y otros más varios días después. Eran los paranaenses Justo Silva, de 53 años; Marcelo Beber, de 31; Brian Alarcón, de 21; Francisco Coronel, de 19; y los victorienses Vladimir Casco, de 20, y Marcelo Rodríguez, de 30. Emilio Oscar Suárez, de 27, sufrió graves heridas en las piernas y es el único sobreviviente. Con las declaraciones testimoniales del personal penitenciario y de los otros internos del pabellón, solo restaba esperar los informes periciales que despejaran dos dudas centrales: si había dentro de la celda incendiada algún elemento combustible que ayudara a propagar el fuego y si los autores del hecho estaban bajo efectos de alguna sustancia. En ambos casos, las pericias dieron negativas. Con respecto a lo primero, los peritos de los Bomberos Zapadores determinaron que no se advirtió la presencia de acelerantes que pudieran ayudar a la combustión (alcohol o algún líquido similar, como se presumía). Los colchones, sábanas y ropa que había fueron suficientes para que se propagara el incendio rápidamente como sucedió. De este modo se despejaron las sospechas que se habían generado en torno a si hubo alguna complicidad en el ingreso de acelerantes por parte de carceleros. Sobre el segundo aspecto, los análisis de sangre y orina extraídos tanto a las víctimas como a los victimarios, arrojaron que ninguno estaba bajo efectos de alcohol ni de estupefacientes.