“La compasión con los animales está íntimamente ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se puede afirmar seguro que ‘quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona’ (Schopenhauer).
La violencia doméstica implica el ejercicio del poder mediante el empleo de medios psicológicos, físicos, económicos lo cual ocasionan daño físico y/o psicológico al otro miembro de la relación. Aprovechándose indebidamente de esta relación de poder asimétrica se pretende anular al otro, cosificarlo y tratarle como propiedad.
La misma dinámica se reproduce cuando el objeto del maltrato es un animal, que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad, de indefensión, que no habla, que no asiste instituciones, que no está identificado, pero si cosificado, atado a un poste, al suelo, enjaulado o usado como juguete desechable, o como fuerza de trabajo por un adulto encargado (supuestamente) de su cuidado. Este maltrato está vinculado con conductas violentas que tienen importantes repercusiones sociales. Mediante los estudios se ha llegado a la conclusión que el 86% de las mujeres maltratadas que han acudido a un centro de asistencia comentó que el agresor había herido, amenazado o matado al animal de la familia como venganza o para ejercer control psicológico. Entre varios, otros estudios realizados muestran que de 50 sujetos condenados por diversos delitos se obtuvo como resultado que 41,7% había maltratado animales.
Mientras los niños que son educados en la convivencia con animales aprenden a desarrollar empatía, afecto, responsabilidad y se vuelven ciudadanos nobles, en las familias en las cuales se maltratan animales los menores aprenden que la conducta agresiva es aceptable incluso hasta en el trato con humanos. Las relaciones violentas en la familia tienen como víctima al más vulnerable y palmariamente son equiparables con el daño ocasionado a los animales.
¿Reviste el delito -maltrato hacia los animales- una conducta perversa sólo del que la ejecuta? No. Es también una conducta perversa de quien es testigo y no acciona, siendo peor aún si se trata de una institución como la policía, la justicia o el poder que emana desde nuestra Municipalidad.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSMIV) toma la crueldad hacia los animales como síntoma diagnóstico y tiene un valor predictivo de la violencia hacia los humanos tales como las relaciones conyugales o con los hijos.
Sin llegar al sadismo extremo de estos casos criminales, se observan cotidianamente conductas destructivas hacia mascotas por su raza “callejera” como si fueran responsables del lugar que ocupan; o en los caballos desahuciados, obligados a trabajar con heridas y sin poder casi soportar su propio peso.
La ley 14346 – llamada también Ley Sarmiento- sanciona los actos de crueldad hacia los animales, entre los que refiere como maltrato el trabajo del animal cuando no se halla en estado físico adecuado, cuando exceda notoriamente sus fuerzas, causarle heridas, entre otras, siendo los caballos explotados para changas y cirujeo -por los llamados carreros- un fiel exponente del delito del cual el Estado es cómplice. Haciendo caso omiso a las herramientas legales como ordenanzas y Decretos que duermen desde hace veinte años en algún cajón de nuestra Municipalidad. .
La institución policial y la Justicia son pilares fundamentales en la prevención del delito, siendo por ende su intervención necesaria cada vez que advierte en un animal signos de maltrato. ¿Dónde están las fallas? ¿En que el animal no habla? ¿Qué el caso no reviste importancia? ¿Qué la policía no tiene formación para intervenir en estos delitos? ¿O que la Justicia no se interesa por estos casos? ¿Economía procesal? Llámelo como quiera, lo que aquí interesa es la inacción que reina en nuestros días. La falta de comunicación entre los dos Poderes, el Judicial y el Ejecutivo que hace caso omiso a los pedidos del primero.
Y mientras esto ocurre, nos, como ciudadanos, como parte del problema no nos convirtamos en cómplices del maltrato. Actuemos denunciando y pidiendo explicaciones al poder de turno, a la Justicia. Son los que no solo tienen que escuchar, sino ejecutar acciones preventivas. –