Por una investigación de la justicia federal de Concepción del Uruguay, están comprometidos abogados y contadores de la ciudad de Mar del Plata como dos empresarios madereros de Concordia quienes fueron acusados de una Asociación Ilícita y Lavado de dinero. Esta organización delictiva también está vinculada con la causa Ciccone.
Fuentes judiciales informaron que entre el viernes y el sábado se ejecutaron distintos procedimientos en Mar del Plata que llevaron a la detención de tres personas, el secuestro de vehículos y elementos vinculados con la causa, como la búsqueda de cuatro sospechosos más de formar parte de la banda.
Todo se inició ocho meses atrás con un pedido de investigación por parte de la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP) de Paraná, que detectó una serie de anomalías en el funcionamiento de empresas que al cruzar los datos determinaron estados de sospechas firmes sobre dos entidades privadas reconocidas de la ciudad de Concordia.
Sobre los posibles ilícitos, se indicó que hay elementos de pruebas muy contundentes para indicar que «los integrantes de esta banda vendían facturas truchas a empresarios de Entre Ríos. Todo se iniciaba con el armado de al menos cinco empresas truchas o fantasmas de servicios que les facturaban cifras millonarias a los titulares de los aserraderos y esto les permitía obtener de modo irregular créditos fiscales».
Se ejemplificó: «Había facturas por un millón de pesos, y en la investigación se estableció que lograron un crédito fiscal por 200 mil pesos. Por supuesto otorgado de modo ilegal». Técnicamente desde la Justicia Federal de Concepción del Uruguay se comenzó a investigar lo que se denomina una usina de facturas apócrifas, creadas por sociedades inexistentes.
Con la acumulación de pruebas, el juez federal Pablo Seró ordenó entre el viernes y el sábado los allanamientos en las propiedades de los sospechosos, en Mar del Plata. Esta Asociación ilícita y de Lavado de dinero, estaba compuesta por siete personas: entre ellas, dos abogados, dos contadores y tres captadores de clientes.
En los procedimientos conjuntos de la Prefectura y AFIP se pudo detener a tres acusados, en tanto que cuatro se encuentran prófugos y con pedido de captura.
Además, el juez dispuso el secuestro de tres camionetas recientemente adquiridas y dos autos de alta gama. Entre las medidas ordenadas, también se fijaron embargos millonarios para los acusados, llegando incluso a la inmovilización de dos feedlot con una importante cantidad de hacienda en la localidad bonaerense de Coronel Vidal, y en Correa, Santa Fe.
En la pesquisa se habría establecido que los profesionales de las ciencias económicas y abogados de Mar del Plata eran los responsables del armado de las empresas truchas, las que eran pasadas como reales y válidas sus operaciones que eran inscriptas con números y CUIT, e incluso respondían a las exigencias de la AFIP con balances y prestación de servicios inexistentes.
Cueva financiera
Además, se detectó que los abogados denunciados habían creado una cueva financiera en la cual cambiaban cheques y daban liquidez a todo el movimiento económico que lograban con las operaciones falsas. Se estimó que el dinero lavado en las operaciones ilegales superaría los 10 millones de pesos, pero lo que también se trata de confirmar que esta modalidad delictiva por parte de los acusados, ya había sido utilizada en otras causas judiciales.