El fiscal Mahiques pidió la declaración del magistrado entrerriano que aprobó la cesión de una beba, pese a la oposición del padre biológico. Habría habido una cadena de complicidades que permitió la adopción ilegal.
«A pesar de sufrir el destrato, la injusticia y la burla del sistema, con la certeza del vínculo biológico y la vocación de padre como guía de su conducta, logró que al día de hoy, más de 17 años después, desde el mismo Estado que antes le dio la espalda, se intente evitar que todo ello se inscriba en la larga historia de impunidad, para que cada uno de los responsables reciba la sanción que corresponda a la medida de su culpabilidad».
La afirmación corresponde al fiscal criminal y correccional porteño Ignacio Mahiques. Se refiere a Leonardo Fornerón, un vecino de Rosario del Tala, que el 16 de junio de 2000 fue padre. Pero la pequeña fue entregada por la madre biológica, apenas un día después del nacimiento, a un matrimonio de Buenos Aires, que con el aval judicial tuvo la guarda con fines de adopción. Después de 17 años de no bajar los brazos, Fornerón recibió un fuerte espaldarazo de la Justicia. En las últimas horas, el fiscal Mahiques pidió que sean citados a prestar declaración indagatoria diez personas. Las acusó del delito sustracción y posterior retención de un menor de diez años.
jueza Alicia Iermini deberá definir si hace lugar a lo solicitado por el fiscal.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2012 le dio la razón al padre biológico y sentenció que la Argentina había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y su hija, además de fijar una indemnización y enviar a los funcionarios de la Justicia entrerriana a que estudien. Fornerón conoció a su hija cuando ambos coincidieron en el momento de la extracción de muestras de sangre para el estudio de ADN. El primer encuentro entre padre e hija, después de un insistente pedido para establecer un régimen de visitas, duró apenas 45 minutos. Fue en octubre de 2005 en un hotel de Victoria y él fue presentado como «un amigo». Todo fue supervisado por una psicóloga.
Después del fallo de la CIDH se fijó finalmente un régimen de visitas. A la menor le angustiaba mucho la situación y su padre biológico no tuvo intención de presionar en ese tema. Se estableció que debían ser dos encuentros por año, pero no se concretó aún esa resolución.
Leyenda foto: La justicia le dio la razón al padre biológico.