El presidente del Barcelona, imputado por presunto delito fiscal por el fichaje de Neymar, concedió una entrevista en la que, entre otras cosas, dijo que “alguien le está pasando una factura política”. 
Josep Maria Bartomeu, fue imputado por un presunto delito fiscal en el fichaje de Neymar, al no efectuar las retenciones oportunas a los pagos realizados por el fichaje del crack brasileño. La cifra demandada es de 2,8 millones de euros.
Tras conocer la decisión del juez Pablo Ruz, que lo vinculó con los problemas judiciales del club, el presidente del Barcelona fue entrevistado en 8aldia, programa de 8tv, en el que afirmó que está “convencido de que hay ciertos poderes del Estado a quien no les ha gustado que Neymar haya venido al Barça o que el Barça, como club catalán y catalanista, haya participado en ciertos actos”.
Vinculado históricamente al nacionalismo catalán, en los últimos años el Barcelona cedió su estadio para celebrar un concierto por la independencia, puso en su uniforme los colores de la bandera catalana y varios de sus jugadores y directivos participaron en protestas secesionistas.
“Esto no ha gustado y se ha vuelto en contra nuestra. Hay factura política”, dijo Bartromeu, que reivindicó “el Barcelona no ha hecho nada malo”. El presidente baulgrana fue imputado por no tributar presuntamente 2,845 millones de euros de impuestos correspondientes a un pago de 5 millones hecho al brasileño en 2014.
“Esto es exagerado y desmesurado“, expresó Bartomeu en la entrevista en la que habló de una conspiración contra el Barcelona por su posicionamiento a favor de un referéndum independentista en Cataluña y porque Neymar rechazó ofertas mejores para vestir de azulgrana, en referencia implícita al Real Madrid.
Por el pase del astro brasileño la fiscalía acusa a Barcelona de haber ocultado su precio real en diferentes partidas para evitar la tributación correspondiente a Hacienda. El club cifró en 57 millones de euros el precio del traspaso pero la fiscalía lo eleva a 86,2 millones que, sumados a los 12 millones que el club habría dejado de tributar, dejarían el costo final de la operación en 94,9 millones de euros.
Además, la fiscalía reclama al juez encargado del caso juzgar al club y a su expresidente, Sandro Rosell, dimitido a raíz del escándalo, por dos delitos fiscales y un delito societario en el caso del exdirigente.
Fuente: AFP