Referentes de distintos partidos admitieron su preocupación frente a la estrategia del Gobierno
Capital Federal. (RN). La posibilidad de que el kirchnerismo cambie las reglas del juego electoral antes de las primarias del 9 de agosto próximo tiene en vilo a la oposición.
Aunque con posiciones y expectativas distintas, la UCR, el massismo y Pro siguieron esta semana con atención las declaraciones del apoderado nacional del Frente para la Victoria y diputado nacional, Jorge Landau, encargado de agitar el tema.
La polémica se desató con la promulgación de la ley que habilita la elección directa de los legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur), de la que se desprende la prohibición de conformar una lista de unidad «colgada» de más de una lista de candidatos a presidente. A esa alternativa se abrazó la oposición para enfrentar una eventual lista encabezada por Cristina Kirchner.
Al límite fijado para la elección del Parlasur se sumó la reglamentación de las PASO en Mendoza, con la que el kirchnerista Francisco «Paco» Pérez prohibió que los candidatos a gobernador adhieran a más de un candidato a presidente. Ése es, justamente, el núcleo de la estrategia del radical Alfredo Cornejo, que, bien posicionado para vencer al oficialismo mendocino, impulsa un acuerdo entre la UCR y Pro.
Pero es también, y de allí la creciente preocupación opositora, la estrategia de otros radicales con posibilidad de destronar al kirchnerismo en sus provincias a partir de acuerdos con Mauricio Macri, con Sergio Massa o con ambos.
La lista incluye a José Cano (Tucumán), Gerardo Morales (Jujuy), Eduardo Costa (Santa Cruz), Julio Martínez (La Rioja) y Ricardo Buryaile y Luis Naidenoff (Formosa).
La posibilidad de que el antecedente de Mendoza esté anunciando un cambio del Código Nacional Electoral también preocupa a Massa. El tigrense no tiene estructura más allá de la provincia de Buenos Aires y juega su apoyo a candidatos radicales para sumar eventuales triunfos en el interior en el camino hacia octubre.
En el Frente Renovador, por ahora, están a la expectativa. Massa no moverá fichas hasta que no esté claro si la Casa Rosada efectivamente impulsará un cambio de la ley electoral. «El número para hacerlo lo tienen, así que tenemos que estar atentos», dijo a la nacion la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño. Cualquier reforma en materia electoral requiere una mayoría calificada de 129 votos, cantidad que el kirchnerismo consigue hoy sin problema, aunque con la ayuda de aliados.
En la UCR no descartan que el presidente del partido, Ernesto Sanz, se reúna con los candidatos a gobernador en los próximos días para analizar el panorama. El encuentro está atado, sin embargo, a la posibilidad de reunir a dirigentes de todo el país en plenas vacaciones. «Aunque no está claro qué es lo que quieren hacer, el tema es grave. Demuestra que el Gobierno va a arremeter con todas las herramientas que tenga a su alcance para impedir acuerdos en los distritos en los que puede perder el poder», advirtió Naidenoff a la nacion.
En Pro prefirieron mostrarse optimistas y casi ajenos al debate, pese a que Macri se mostró dispuesto a acordar con la UCR en provincias clave como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Santa Cruz, donde su partido no tiene personería, consigna este domingo el diario La Nación.
«En principio para nosotros no es una cuestión relevante. Tenemos candidatos competitivos en todas las provincias. Si se hicieran cambios, nuestro armado no se modificaría sustancialmente», analizó el jefe de Pro nacional, Humberto Schiavoni.
Mientras esperan los próximos movimientos del Gobierno, en la oposición analizan antecedentes que avalan su postura: el de Eduardo Costa en Santa Cruz, que en 2011 colgó su boleta de candidato a gobernador de la de cuatro postulantes a la presidencia, y el de Atilio Benedetti en Entre Ríos, que, por un fallo de la Cámara Nacional Electoral, también de 2011, fue autorizado a competir por la gobernación colgado de las boletas de Ricardo Alfonsín y de Hermes Binner. En ambos casos, existía vínculo jurídico previo entre las fuerzas que terminaron compartiendo nómina, una opción que sí contempla la ley 26.571, que creó las PASO