Hace un año la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y otros materiales plásticos para el transporte de productos que expenden a sus clientes.
Ayer los supermercados comenzaron a cobrar las bolsas, pero sin ofrecer alternativas como marca la Ley. Desde esa oportunidad los locales disponían de doce meses de plazo para reemplazarlas por bolsas de «material degradable o biodegradable» que «resulten compatibles con la minimización del impacto ambiental». El tratamiento del proyecto de ley, cuyos autores fueron Estela Almirón, Juan Navarro y Osvaldo Viano, fue realizado en la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados. Pero desde ayer y sin aviso previo, tanto en Supermercado Supremo como en los pertenecientes al Gran Rex, las bolsas comenzaron a cobrarse entre 20 y 25 centavos la unidad.
Con la adopción de esta modalidad, los comercios se colocan fuera de lo establecido por la norma provincial, que prohíbe expresamente «el uso de bolsas de polietileno y de todo otro material plástico, utilizados y entregados por hipermercados, supermercados, centros comerciales, autoservicios, almacenes y comercios en general para transportes de productos o mercaderías, que expenden a sus clientes». El texto de la Ley establece también que «las bolsas de polietileno y de todo otro material plástico, deberán ser reemplazadas por bolsas de material degradable o biodegradable que resulten compatibles con la minimización del impacto ambiental». Acto seguido fija un plazo para adaptarse a la norma, ya que exige «a los titulares de los establecimientos, con fines comerciales, deberán proceder a su reemplazo progresivo en el plazo de doce (12) meses». La única salvedad establecida por le Ley es para aquellas «bolsas o elementos de embalaje de alimentos o insumos húmedos, naturales, elaborados o preelaborados, los que podrán ser comercializados utilizando como continente o envase materiales, no biodegradables sin ningún tipo de inscripción impresa en los mismos.
Para su denominación o identificación solo podrán utilizar rótulos de papel», cosa que tampoco se cumple. La misma norma expresa también que los municipios tienen la facultad de adherir a lo dispuesto, cosa que en la comuna local se desconoce, como tampoco existe ningún tipo de control sobre los supermercados, en lo relacionado a la correcta exposición de los precios y sus alternativas, además que ninguno de los locales dispone de baños para el público. A ello se suma una serie de disposiciones de carácter interno, como es la diferencia de precios establecida para quienes compran con tarjeta de débito, una modalidad considerada venta de contado y que los supermercados no suman a sus ofertas. Pero como en la ciudad no hay autoridad de contralor de esos y otros reclamos de los usuarios, cada cual establece la modalidad que más le conviene.