La legisladora radical, Gabriela Lena aseguró que “hay pruebas que confirman el uso de dineros públicos para fines particulares por parte de la Presidente del STJ”. En una entrevista con El Entre Ríos mencionó las “evidencias desestimadas para frenar el juicio político”.
Los acusados fueron Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak. En el caso del vocal Chiara Díaz, el proceso de juicio político fue aprobado. La renuncia del funcionario judicial dejó sin efecto el proceso, que fue clausurado por el Senado esta semana. Para Claudia Mizawak, sin embargo, las cosas fueron bien distintas. El pedido de Juicio Político fue desestimado, a pesar de contar con los mismos cargos y pruebas que enjuiciaron a Chiara Díaz.
Entre ellas aparecen constancias de Migraciones que evidencian que Mizawack decía viajar a Buenos Aires cuando figuran las constancias del embarque en Buquebús para cruzar al Uruguay, donde ninguna actividad protocolar tenía lugar. O cruzar a Chile para conocer el país trasandino cuando su estadía marcaba que debía estar en un Congreso en Salta.
Frente a estas constataciones, para Lena el único camino para recuperar la confianza en el Poder Judicial es «la renuncia de Mizawak». Un pedido que crece entre los legisladores de la oposición y varios actores vinculados a la Justicia entrerriana.
Los lazos que unen a la actual Presidenta del máximo órgano judicial de Entre Ríos con el poder político llega hasta el punto de haber iniciado una investigación que liga al marido y la hija de Claudia Mizawak con algunas empresas vinculadas a Sergio Urribarri. La diputada radical afirmó a Radio Franca que «si bien los vínculos societarios directos necesitan de más pruebas, quedó constatado en el expediente que el padre de la Presidenta del Tribunal y su hija son accionistas de empresas constructoras vinculadas con empresarios como Miguel Marizza que, se sabe, ha sido depositario de gran parte de la obra pública durante los años de Sergio Urribarri». Se trata de la firma Construyendo S.A. y Residential S.A. que, de paso, tienen domicilio fiscal en Junín 658, Piso 6o, Torre B, oficina A, de Capital Federal, donde también figuran las empresas de la familia Urribarri: Kriptax y Agro Premium S.A.
Por estas y otras razones, como confirmó la diputada Lena, «no tengo dudas que en el proceso de juicio político contra Chiara Díaz y Mizawack hubo criterios diferentes para evaluar casos muy similares». Para la legisladora de la oposición, «la contundencia de las pruebas eran mayores incluso en el caso de Mizawak», por lo que «no me quedan dudas que se trató de un intercambio de favores en busca de impunidad».
Se trata del último cerco de impunidad que construye la corporación política liderada por Sergio Urribarri, hoy acuciada por diversas causas judiciales que avanzan a pesar de los intentos por bloquear las investigaciones. Para Lena y el abogado Rubén Pagliotto ya no hay dudas que las gestiones de las que se ocupó personalmente Urribarri en la Cámara de Diputados para lograr los votos necesarios que cancelen el juicio político a Mizawak forman parte de un Pacto de Impunidad. Ese pacto tendrá retornos en el momento en que las causas que investigan a la familia Urribarri lleguen a manos del Superior Tribunal de Justicia, argumentan quienes siguen de cerca la evolución de las causas.