El gobierno nacional monitorea la Ley de la Madera

El gobierno entrerriano parece haber cedido ante la presión del sector forestal, de terminar con la norma que impide exportar rollizos al Uruguay. Que Rogelio Frigerio haya opinado sobre el tema horas antes del debate, da la pauta del monitoreo nacional sobre un asunto local.

Gustavo Bordet elevó a la legislatura provincial un proyecto de modificación de la llamada ‘Ley de la madera’, que desde 2007 prohíbe la exportación de rollizos desde esta provincia con destino a la fabricación de pasta de celulosa. La norma fue sancionada durante el gobierno de Jorge Busti, en el marco del conflicto con Uruguay por el inicio de actividades de la pastera finlandesa Botnia-UPM en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Su redactor fue el entonces legislador Osvaldo Fernández, quien desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, ocupa un importante cargo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

“Hay una realidad que nos obliga a asumir un desafío, no mirar al costado. Como gobierno debemos tomar todas las determinaciones a nuestro alcance, para defender la actividad y a quienes trabajan en la industria forestal. Gobernar es ver la globalidad, lo que obliga a tomar medidas en beneficio del conjunto. Hoy nuestros productores están generando empleo en Corrientes y no en nuestra zona por estas restricciones”, expresó el mandatario entrerriano. “Ya no podemos sostener una ley que perjudica claramente los intereses de la provincia, diferente sería si en las veintitrés provincias restantes existiera la misma restricción.  En cambio esto genera una pérdida de competitividad enorme para el sector industrial, y hace que la mayoría de las empresas se radiquen en Corrientes y no se radiquen en la provincia de Entre Ríos”, señaló Bordet.

En 2007, el Senado entrerriano sancionó la Ley de la Madera con el objeto de impedir la exportación de rollizos destinados a Botnia o a cualquier otra de las pasteras en el Uruguay. En 2014, el diputado oficialista de Concepción del Uruguay Marcelo Bisogni, haciéndose eco de un pedido de la Asociación Forestal Argentina (AFOA),  fue el primero en expresar la conveniencia de reformar o incluso derogar la ley, lo que provocó una contundente reacción de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Días atrás, los mismos sectores –esta vez a través del CEDEFI – volvieron a la carga con el mismo propósito, en un encuentro que mantuvieron con el senador Giano de Concordia.

Malestar en Gualeguaychú

Las afirmaciones de ambos presidentes no llevaron tranquilidad a Gualeguaychú sino más bien una fuerte desconfianza cercana a la seguridad de que las pasteras tienen el futuro asegurado en la región. “Con toda claridad el monitoreo que se ha hecho hasta ahora no responde de ninguna manera ni a lo que ordenó La Haya ni a lo que nosotros presentamos como proyecto de monitoreo antes que se establecieran estas entradas una vez al mes”, sostuvo Juan Veronessi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.[sociallocker][/sociallocker]

El asambleísta sostuvo que no confían en los datos de ese monitoreo y dio sus razones: “Al no permitir Uruguay que se haga en la boca del caño de efluentes ni en la chimenea estamos dando resultados de un monitoreo incompleto y no sirve de base para ninguna resolución”. A Veronessi le llamó la atención que Uruguay acepte la difusión pública de los resultados del monitoreo, porque “siempre lo negó” y para que ahora lo acepte “tiene que ser o un resultado amañado o una información no del todo completa”.

Sin embargo, admitió que de los monitoreos hechos, “algunas cuestiones se han constatado y son indicadores de contaminación y falta del cumplimiento de lo que falta para preservar el medioambiente”, aunque no darían dimensión real de la magnitud del daño que advierten los científicos de la asamblea. Por otro lado, cuestionó las expresiones de Macri sobre la existencia de “un acuerdo absoluto” en el cuidado del río Uruguay: “Cualquier pastera que funcione con el sistema de producción a base de cloro es contaminante”, sentenció y sostuvo que quien apoye este tipo de producción “de ninguna manera puede decir que va a proteger el medioambiente. El desafío es producir papel de otra manera”.