Los legisladores pedirán al gobierno nacional que vuelva a La Haya, y se divulguen los resultados de los estudios. Lo había anunciado Urribarri en una reunión con Timerman. Un informe reveló la contaminación que UPM vuelca al río Uruguay.
Los legisladores pedirán al gobierno nacional que vuelva a La Haya, y se divulguen los resultados de los estudios. Lo había anunciado Urribarri en una reunión con Timerman. Un informe reveló la contaminación que UPM vuelca al río Uruguay.
Paraná.(RN). Este jueves sesiona en forma extraordinaria la Legislatura desde las 10, y aprobará un proyecto de resolución a fin de solicitar formalmente al gobierno nacional la vuelta a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así como solicitarle que se den a conocer los últimos estudios que posee la Cancillería argentina. Así lo había confirmado el presidente del bloque de diputados del Frente Justicialista para la Victoria, Juan Navarro (Tala), luego de la reunión del gobernador Sergio Urribarri con el canciller argentino Héctor Timerman.
Navarro apuntó que solicitarán que se den a conocer “los estudios científicos de las mediciones de contaminación realizadas sobre el río Uruguay, las que confirman la contaminación de la pastera UPM”, y exigirán al Congreso una ratificación similar en cuanto al rumbo a seguir en el conflicto desatado por la intransigencia del gobierno uruguayo en lo que a cuestiones ambientales se refiere. Cabe recordar que es la segunda vez que el gobierno nacional anuncia que recurrirá al tribunal internacional.
En tanto, este miércoles El Argentino difundió un estudio sobre la contaminación que genera la pastera. “Para formarse una idea de la magnitud de la planta cabe precisar que UPM (ex Botnia) vuelca al río Uruguay un promedio de 709 litros por segundo de efluentes líquidos, es decir, 61.257.600 litros diarios que llevan 195 mil kilos de sólidos disueltos”, sintetiza el informe científico. Toda la información analizada proviene de los laboratorios Pacific Rim y Exova, ambos de Canadá, teniendo en cuenta la normativa establecida por el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay (que reglamenta lo dispuesto por el Estatuto del Río Uruguay), y el Decreto 253/79 del gobierno uruguayo y sus decretos ampliatorios, en los casos en que este último resultara más estricto en la protección del ambiente. Las muestras son obtenidas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (Dinama) en presencia del comité científico que depende de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). “En los muestreos realizados se determinaron contenidos de fenoles superiores a los establecidos por la normativa vigente (muestreos de julio, septiembre, octubre y diciembre de 2011; junio de 2012 y enero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2013). Es decir, en 11 ocasiones sobre 27, se obtuvieron valores superiores a los establecidos. Los fenoles (señalados como sustancias orgánicas tóxicas en el Digesto), superan de manera recurrente los límites exigidos por la normativa”, explicaron los científicos.
Por otro lado, este fin de semana diez dirigentes e investigadores, ligados al radicalismo y al Frente Amplio UNEN habían calificado la medida como “inoportuna, limitada y equívoca” a través de un comunicado. “Resulta sorprendente que se opte por una vía que puede ser muy dilatoria y termine en un tipo de fallo semejante al del pasado”, afirmaron. El documento que llevó la firma de Dante Caputo, ex canciller durante la presidencia de Raúl Alfonsín; Roberto García Moriatán, vicecanciller de Fernando De la Rúa; Jesús Rodríguez, el periodista Roberto Guareschi y los investigadores Roberto Russell, Beatriz Sarlo, Juan Gabriel Tokatlian y Vicente Palermo, entre otros, rechazaron los dichos de Timerman, quien había sentenciado que las negociaciones entre ambas partes ya “están agotadas”.
Por otra parte, describieron como “un chantaje”, el comunicado de Cancillería que advierte que se revisarán “todas las políticas de relacionamiento bilateral”, y que suponen una amenaza de “potenciales represalias contra Uruguay”. También reclamaron políticas medioambientales en el país que vuelvan coherente el reclamo de la Argentina. “La inconsistencia nos seguirá debilitando”, sostuvieron. Y completaron que “sería conveniente atenerse al fallo emitido, abrir caminos de negociación y hallar una solución política que fortalezca los intereses nacionales”.(Recintonet)