El Ministerio Público Fiscal se aboca a reunir la prueba «contable e informática» en el marco de la denuncia que presentó el titular de la ATER, Marcelo Casaretto, por estafa a la administración pública.
El procurador general de la provincia, Jorge García, señaló que por estas horas se trabaja sobre la prueba «contable e informática» en el marco de la investigación sobre el «fraude a la administración pública» con la supuesta «participación» de empresas privadas a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Posteriormente, se retomarán las declaraciones y se definirán las acusaciones, adelantó. Además confirmó que se ampliará la investigación hasta por lo menos el 2006.
Por su parte la fiscal Laura Cattáneo, informó que es el fiscal Gervasio Labriola quien quedó a cargo de la causa. Por estas horas, el Ministerio Público Fiscal se aboca a reunir la prueba «contable e informática» en el marco de la denuncia que presentó el titular de la ATER, Marcelo Casaretto, por estafa a la administración pública. En detalle, se trabaja «en el ámbito de criminalística» para «verificar» cómo se establecía el fraude. «Porque la maniobra es bastante fácil: se aparentaban compensaciones con créditos fiscales y en realidad se hacían aparecer deudas inexistentes o menores. Es una maniobra a través del sistema informático. Queremos verificar cómo se hacía y quiénes podían estar involucrados», explicó García. El Procurador indicó que al tratarse de una oficina pública, y al hacer la denuncia el propio titular del organismo «no es necesario hacer allanamientos» y relativizó la posibilidad de que se borren pruebas.
«Es difícil porque estas actividades tienen que ser regladas en cuanto al funcionamiento contable, borrar eso es muy difícil; siempre deja huella. Las operaciones que reflejan la cancelación o la disminución de la deuda, están registradas», aseguró. Como paso inmediato en el marco de la investigación, dijo que el accionar «se va decidiendo sobre la marcha» a medida que se va viendo «la cuestión contable e informática». Una vez reunido eso, «veremos qué clase de declaraciones tomamos, cuáles son los acusados y cómo se amplia el requerimiento fiscal de acusación respecto a todo. No hay ninguna definición», afirmó el funcionario en declaraciones a esta Agencia.
El Procurador precisó que se procede con «dos clases» de investigación dentro de la misma causa. Una de ellas es a partir de lo denunciado por el Gobierno a través de Casaretto y la segunda línea, es en pos de ampliar la investigación hacia atrás: «el tiempo necesario que podamos atento a la prescripción de la acción», comentó. «Siempre investigando lo mismo, el fraude a la administración pública y la coautoría de parte de las empresas», aclaró. «Son fraudes a la administración pública y las personas (físicas, o sea las empresas) ya sean como coautoras o participes necesarias, van a venir inmediatamente a ser acusadas», afirmó. La prescripción se contabiliza con seis años para atrás o sea 2006 si se toma como referencia la denuncia de Casaretto que pone como fecha de partida el 1º de enero del 2012: «Por ahí hay funcionarios que siguen en funciones y habría que ver si hay suspensión de prescripción o alguna cosa así», adelantó el Jefe de los Fiscales.
El «fiscal auxiliar»
Esta Agencia se comunicó con la Fiscalía N º 8 del Ministerio Público Fiscal para hablar sobre la causa con su titular, Laura Cattáneo. Sin embargo, la funcionaria explicó que es el fiscal Gervasio Labriola quien «quedó a cargo de la causa por orden de la Procuración». La fiscal dijo que la determinación se tomó para «descomprimir» su despacho «dando una investigación compleja como esa, a otro fiscal». El procurador García por su parte ante la pregunta, dijo que Labriola «es un fiscal auxiliar que hemos nombrado para acompañar a la doctora Cattáneo».