Desde que ingresó la primera denuncia el 8 de julio de 2010, el proceso de Nueva Terminal ha pasado por diversas instancias judiciales y políticas, pero con pocos avances. La decisión de dar por caído el contrato pareciera tener hoy apoyo en la Procuraduría y podría comenzar el desfile de funcionarios por la Justicia.
En el frío julio del 2010 una denuncia ingresada en el Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza María Cristina Calveyra aportaba las primeras pruebas contra funcionarios uruguayenses por la entrega del patrimonio público local a manos de la firma Entretenimientos de la Costa, que propiciaba la construcción de una Nueva Terminal a cambio de la explotación con salas de juegos del Mercado de Arte 3 de Febrero y la transformación de la actual terminal de ómnibus en un hotel cuatro estrellas con galerías comerciales y espacio de gastronomía.
Desde aquel entonces esa primera denuncia fue ampliada con mayores pruebas y aportes documentales, que fueron variando los números de causa y de Juzgado al ubicarse ahora en el de Garantías. Ya corría el año 2011. Atendiendo la reestructuración del Sistema Penal de la provincia y la creación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), se declinó la competencia unificando todas las actuaciones en una sola causa. Era el 17 de diciembre de 2012, y la dilación de los tiempos seguía transcurriendo.
El impasse
Pero lo que sobrevino luego fue aún más preocupante. Un período de cuatro años sin conocerse novedades de algún tipo en la causa. La Fiscalía solicitó por oficio un duro informe con más de 20 puntos dirigida al propio intendente Carlos Schepens donde se solicitaba en el plazo de cinco días conocer detalles de todo tipo respecto al contrato celebrado entre la comuna y la firma Entretenimientos de la Costa, con perjuicio de sanciones para los funcionarios de las áreas correspondientes.
Fueron los cinco días más largos de la historia, que se estiraron a cuatro años. Las conocidas «chicanas judiciales» fueron dilatando los tiempos con el faltante siempre de algún dato o formalidad, que requería nuevas notificaciones. Un vacío, un silencio de cuatro años con la causa demorada y no detenida. La ausencia de integrantes, jubilaciones y cambios en la conformación del Consejo Provincial de Tasaciones para conocer el valor real de la manzana de la Terminal fue uno de los casos más resonantes en la dilación de los tiempos. Parecía todo orquestado para favorecer el olvido.
Vientos de cambio
Pero la política cambió. Modificó sus colores y con ello el escenario entrerriano. Llegó el 2016 y en su sesión de inicio legislativa el intendente Lauritto anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para solicitar que se lo autorice a rescindir el contrato del denominado Proyecto Turístico Integral impulsado con el grupo empresario Entretenimientos de la Costa.
El Procurador General de la Provincia, el uruguayense Jorge Amílcar García, había entendido que no se podía sostener más en el tiempo una causa tan pesada aún a cuestas de que detrás de todo subyacen Marcelo Bisogni, los concejales de aquel entonces, el otrora Director de Turismo, Antonio Picart, Carlos Schepens, Sergio Urribarri, Miguel Marizza y Jorge Cura, entre otros interesados en el proyecto turístico para la ciudad.
Tiempo límite
Esta sumatoria de intereses llevó a que se reflotara la causa y un nuevo oficio sea emitido a la comuna para que definitivamente responda lo que venía evadiendo. Se espera que este viernes se presente la documentación o más tardar en las primeras horas de gracia del lunes. Lastimosamente es vox populi en los pasillos del Centro Cívico que hay documentación que ha desaparecido y que seguramente tendrá su incidencia y repercusión en el caso.
Tampoco se descarta que esta falta oficie a favor de quienes intentan dilatar el proceso judicial y que deban emanarse nuevas solicitudes para que el municipio se ajuste a lo requerido. Caso contrario y de ser presentado todo en forma correcta, llegará un plazo de sesenta días para que la Fiscalía local y la Procuraduría analicen todo y resuelvan la imputación y llamados como testigos o indagados a los entonces funcionarios municipales, en lo que sería un desfile histórico en los estrados uruguayenses.