El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa Potenciar Trabajo que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.
Esos planes estatales que hasta ahora pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por la ministra por no haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución.
Acorde a la información oficial, estaban bajo la dependencia de gobernaciones, Ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales.
Ante una pregunta puntual del portal de Infobae, se reconoció en el Gobierno que el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales. Anualizado, la cifra asciende a $44.396.688.960 si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.
Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular, se podría construir -por ejemplo-, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 metros cuadradas similares a las que se construyen para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.
El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.
El ranking de las gobernaciones
De la documentación oficial a la que accedió el portal de Infobae se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.
Según la página oficial de la cartera social: “Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria”.
La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en: proyectos socio-productivos; proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.
El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo lo encabeza la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe administrada por Omar Perotti (684); y Jujuy a cargo del opositor Gerardo Morales (570). Luego, se encuentran Tucumán la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo (525); y Chaco, al frente del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones, el distrito conducido por Oscar Herrera Ahuad con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al Potenciar Trabajo. En Santa Cruz, la provincia comandada por Alicia Kirchner, las bajas fueron 392.
En San Juan, a cargo de Sergio Uñac, las bajas fueron 229. La provincia de Ríos Negro, conducida por la docente Arabela Marisa Carreras es la última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron su identidad.
El resto están por debajo de esa cifra. Son las provincias de Salta que, administrada por Gustavo Sáenz, tuvo 190 bajas “fantasmas” del Potenciar Trabajo. Le sigue CABA, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, con 167 bajas; en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti, Desarrollo Social detectó la no validación de 161 personas. En Entre Ríos, la provincia comandada por Gustavo Bordet, las bajas fueron de 275; Santiago del Estero, al frente de Gerardo Zamora, fueron dados de baja 138 beneficiarios; otras 129 presuntas irregularidades fueron descubiertas en Corrientes y 106 en Catamarca.
Las diez provincias que restan, tuvieron bajas menores a los 100 beneficiarios. Son los casos de Mendoza (96); la Rioja (95); Chubut (79); Formosa (69); San Luis (44); Neuquén (26); La Pampa (15) y Tierra del Fuego (14).
Si se discrimina por Municipios, los 275 planes dados de baja en Entre Ríos son los siguientes:
Concepción del Uruguay (58). Concordia (53). Paraná (43). Gualeguaychú (28). Villaguay (21). San José (18). Diamante (16). Federal (13). Federación (12). Santa Elena (8). San José de Feliciano (4). Y La Paz (1).